LA MORATORIA DE LOS PAGOS EN LAS HIPOTECAS Y DEMAS PRESTAMOS CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL COVID19

LA MORATORIA DE LOS PAGOS EN LAS HIPOTECAS Y DEMAS PRESTAMOS CON MOTIVO DE LA CRISIS DEL COVID19

El Real Decreto-Ley 11/2020, establece las condiciones en las que algunos deudores podrán solicitar una moratoria del pago de los préstamos con garantía de hipoteca  y otros préstamos con motivo de la crisis del coronavirus COVID19

De la moratoria pueden beneficiarse aquellos que, como consecuencia la crisis del coronavirus, vean mermados sus ingresos y tengan dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos con o sin hipoteca. El Real Decreto define quienes pueden beneficiarse, los consumidores vulnerables.

¿QUIÉNES PUEDEN CONSIDERARSE PERSONAS VULNERABLES?

a.- Las personas en desempleo. En el caso de empresarios o profesionales cuando sufran una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída en su facturación de al menos el 40%.

b.- Las personas cuyos ingresos de la unidad familiar (compuesta por el deudor, su cónyuge o pareja de hecho e hijos) no superen en el mes anterior a la solicitud de la moratoria el límite de 3 veces el IPREM mensual, que para el año 2020 está fijado en 548,60 €.

Este índice se verá incrementado en los siguientes supuestos:

.- En 0,1 veces por cada hijo a cargo. Si es familia monoparental el incremento es de 0,15 veces.

.- En 0,1 veces por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

.- Si en la unidad familiar hay algún miembro con discapacidad superior al 33%, o en situación de dependencia o enfermedad, el límite sube a 4 veces el IPREM.

.- Si en la unidad familiar hay algún miembro con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual superior al 33% o con discapacidad física o sensorial superior al 65%, el límite sería 5 veces el IPREM.

c.- Que las cuotas hipotecarias más los gastos y suministros básicos de la unidad familiar (electricidad, agua, gas, telefonía, comunidad…) superen el 35% de sus ingresos.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ES NECESARIA PARA ACREDITAR LA VULNERABILIDAD?

En el caso de que tengamos un préstamo hipotecario, debemos presentar la siguiente documentación:

a.- Certificado emitido por el SAE donde figure la cuantía mensual que va a percibir por el desempleo.

b.- En caso de trabajadores por cuenta propia, Certificado emitido por la AEAT, con la declaración de cese de actividad.

c.- Libro de familia.

d.- Certificado de empadronamiento.

e.- Certificado con la declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente para trabajar.

f.- Nota simple del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

g.- Escritura de compraventa y de la concesión del préstamo hipotecario.

h.- Contrato de arrendamiento, si es que la vivienda hipotecada se encuentra arrendada.

i.- Declaración responsable de hallarse en situación de vulnerabilidad.

En caso de que no pueda presentarse alguna documentación, se podrá sustituir por una declaración responsable de su imposibilidad, estableciéndose un plazo de 1 mes para aportarla tras la finalización del Estado de Alarma.

¿QUÉ PASA SI EN VEZ DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO, ES UNO SIN GARANTÍA HIPOTECARIA?

Esta moratoria también se aplica a los préstamos que no cuentan con garantía hipotecaria, siendo consideradas personas vulnerables aquellas que reúnan los requisitos ante mencionados, con alguna especialidad.

Si el beneficiario ya lo fuera de la moratoria concedida por el Real Decreto-Ley 8/2020, no se tendrá en cuenta su aplicación para el cálculo del IPREM, teniéndose en cuenta el importe de los pagos periódicos incuyendo las rentas por alquiler si lo tuviera.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN ES LA NECESARIA EN ESTE CASO?

La documentación viene a ser la misma que la mencionada más arriba, con la salvedad que aquí habría que presentar el contrato de préstamo firmado con la entidad.

¿SOBRE QUÉ PRESTAMOS SE PUEDE PEDIR LA MORATORIA?

Se puede pedir la moratoria en los préstamos constituidos para la adquisición de la vivienda habitual, de inmuebles afectos a una actividad económica o de las viviendas en alquiler.

¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR LA MORATORIA?

Se podrá solicitar la suspensión hasta un mes después del fin de la vigencia del Estado de Alarma, acompañando la documentación antes dicha.

¿CUÁNDO SE PRODUCE LA SUSPENSIÓN DE LOS PAGOS?

Una vez realizada la solicitud y acreditada la situación de vulnerabilidad, se procederá por el acreedor a la suspensión automática, la cual se comunicará al Banco de España, así como su duración.

¿CUÁNTO DURA LA SUSPENSIÓN?

El Real Decreto-Ley recoge que la suspensión durará 3 meses, los cuales podrán ser ampliados por acuerdo del Consejo de Ministros.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN?

El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, no se devengarán intereses, ni ordinarios ni de demora y el vencimiento del contrato se ampliará por el tiempo que dura la suspensión.

Si necesita más información o asesoramiento puede contactar con nosotros cumplimentando el siguiente formulario:  FORMULARIO

María Luisa Márquez Fernández

Medidas de protección de los arrendatarios en la crisis del coronavirus.

Medidas adoptadas por el Gobierno para ayudar a las personas más vulnerables a hacer frente al pago del alquiler de sus viviendas habituales

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Entre otras, se han adoptado una serie de medidas para ayudar a las personas más vulnerables a hacer frente al pago del alquiler de sus viviendas habituales (no incluyéndose ayudas para alquiler de locales).

En la exposición de motivos del presente Real Decreto ley, se indica que en España, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, pequeño propietario. Esta particularidad ha ocasionado que se adopten medidas que garanticen un equilibro entre ambas partes, impidiendo que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores.

¿Qué medidas se adoptan en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo en relación al contrato de arrendamiento?

  1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos  para hogares vulnerables sin alternativa habitacional por un periodo máximo de seis meses.
  2. Renovación de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual que venzandentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y en los dos meses siguientes desde la finalización del estado de alarma.

Se podrá aplicar una prórroga por un periodo máximo de  seis meses  (manteniéndose los mismos términos y condiciones)

  • Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia para aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad y cuyo arrendador sea un gran tenedor y empresas o entidades públicas de viviendas.
  • Línea de avales con cobertura por cuenta del Estado, que podrán cubrir el pago de hasta seis meses de alquiler, para aquellos arrendatarios que se encuentre en una situación de vulnerabilidad como consecuencia del covid-19.

¿Qué personas son las que se consideran en situación de vulnerabilidad social o económica por el COVID-19?

Podrán solicitar la moratoria o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual aquellos que se encuentren en:

  1. situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados.
  2. en caso de empresario, (u otros en circunstancias similares) que sufran una pérdida sustancial de ingresos.

¿Qué requisitos deben cumplir aquellos que se encuentren en la situación anterior?

No deberán alcanzar el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar (en el mes anterior a la solicitud de la moratoria):

  1. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM, lo que viene a ser aproximadamente 1.645 euros/mes).

Se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar. Se incrementará en 0,15 si se trata de unidad familiar monoparental.

El límite se podrá incrementar a cuatro o cinco veces el IPREM si alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33% o al 65%, respectivamente.

  • Que la renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que ningún miembro de la unidad familiar sea propietario o usufructuario de alguna vivienda en España.

En todo caso, se exceptuarán aquellos que acrediten que no pueden acceder a dicho inmueble.

¿Ante quien acredito mi situación de vulnerabilidad?

Se acreditará por la persona arrendataria ante el arrendador.

¿Qué documentación debo presentar?

  1. En caso de situación legal de desempleo: mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  2. En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  3. Número de personas que habitan en la vivienda habitual:
  4. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
  5. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores
  6.  Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  7. Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
  8. Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

¿Qué ocurre si no puedo aportar alguno de los documentos requeridos?

Podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya los motivos que le impidieron aportarlo.

Tras finalizar el estado de alarma dispondrá de un mes para la aportación de dichos documentos.

En cuanto a la moratoria de la renta de alquiler hay que diferenciar dos supuestos:

  1. CASO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA DE LA MORATORIA DE LA DEUDA ARRENDATICIA

¿Cuándo se aplica automáticamente la moratoria de la deuda arrendaticia?

Cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor (o sea, un titular de más de diez inmuebles urbanos, sin incluir garajes ni trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2).

¿De qué plazo dispongo para efectuar la solicitud?

Se podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, en el plazo de mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley (siempre que dicho aplazamiento o condonación no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario entre ambas partes).

¿Qué ocurre si no se llega a un acuerdo?

En el caso de que no existiese acuerdo, el arrendador deberá comunicar al arrendatario, en el plazo máximo de siete días laborables, su decisión, entre las siguientes alternativas:

  1. Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
  2. Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19, sin que puedan superarse  los cuatro meses.

Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

 La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.

¿Puede tener la persona arrendataria acceso al programa de ayudas en este supuesto?

Sí, el arrendatario podrá tener accesoal programa de ayudas transitorias de financiación, levantándose la moratoria en el pago de la renta arrendaticia expresada anteriormente y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido, en la primera mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago.

  • CASO EN EL CUAL NO SE APLICA AUTOMATICAMENTE LA MORATORIA DE LA DEUDA ARRENDATICIA

¿Cuándo se entiende que la moratoria no es automática, sino opcional?

Cuando el arrendador no sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, sino un particular (pequeño propietario).

¿Qué podrá solicitar el arrendatario si el arrendador es un particular (pequeño propietario)?

Igualmente, podrá solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, (siempre que dicho aplazamiento o la condonación de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario).

¿De qué plazo dispone el inquilino para dicha solicitud?

Podrá solicitarlo en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley.

¿Está obligado el arrendador a llegar a un acuerdo?

No, a diferencia de cuando el arrendador esuna empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, en el presente caso el arrendador no tiene obligación de llegar a un acuerdo ni de plantear otras alternativas (es OPCIONAL).

¿Qué sucede entonces?

En este caso arrendador dispone de siete días laborables desde que recibió la solicitud paracomunicar a la arrendataria las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas.

¿Y si no hay acuerdo sobre condiciones de aplazamiento, fraccionamiento aplazado o de otras posibles alternativas?

En este supuesto, la parte arrendataria podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación (siempre y cuando se encuentre en situación de vulnerabilidad sobrevenida).

¿Qué ayudas aprueba el Gobierno para el caso anterior?

Para el caso de que el pequeño arrendador y el inquilino no lleguen a un acuerdo sobre aplazamiento o fraccionamiento de la renta arrendaticia, éste podrá acceder a:

  • Ayudas transitorias de financiación, avaladas por el Estado, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogables por otros cuatro y sin que devengue ningún tipo de gastos o intereses para el solicitante.

Estas ayudas deberán dedicarse exclusivamente para el pago de la renta arrendaticia, pudiendo cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

Los inquilinos cuyos arrendadores sean grandes tenedores también tendrán acceso a estas ayudas.

¿Y si el hogar vulnerable no puede hacer frente a la devolución de dichos préstamos?

En este caso podrán beneficiarse de ayudas de una cuantía de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

¿Quién determinará la cuantía de estas ayudas?

Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas.

Puede consultar el texto del Real Decreto en el siguiente enlace

MARCOS LOPEZ RACERO para BARRERA ABOGADOS

LA EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS. ¿UNA OBLIGACION PARA LOS ABOGADOS?

LA EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS.

¿UNA OBLIGACION PARA LOS ABOGADOS?

El artículo 35 del Reglamento General de Protección de Datos impone la obligación a los responsables del tratamiento de datos de carácter personal de realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.

¿Qué es una Evaluación de impacto relativa a la protección de datos?

La Evaluación de impacto relativa a la protección de datos es un proceso de análisis y estudio que debe realizar el responsable del tratamiento, con carácter preventivo, para poder identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los que están expuestos los datos personales en función de las actividades de tratamiento que se llevan a cabo con el objetivo de garantizar los derechos y libertades de las personas físicas.

La Evaluación de impacto relativa a la protección de datos permite conocer el nivel de riesgo que entraña un tratamiento, con el objetivo de fijar las medidas de control y seguridad más adecuadas para reducir los riesgos generados por el tratamiento hasta el mínimo posible.

La evaluación de impacto deberá incluir como mínimo:

a) una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del tratamiento, inclusive, cuando proceda, el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento;

b) una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad;

c) una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, y

d) las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y a demostrar la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.

¿Cuándo es obligatorio realizar la Evaluación de impacto relativa a la protección de datos?

La Evaluación de impacto relativa a la protección de datos no es exigible para todos los tratamientos ni para todos los responsables.

El Reglamento General de Protección de Datos establece que se requerirá la realización de la Evaluación de impacto relativa a la protección de datos cuando el tratamiento «entrañe probablemente un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas» y en particular en los casos de:

1.- Evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, especialmente de aspectos relacionados con el rendimiento en el trabajo, la situación económica, la salud, las preferencias  o  intereses  personales,  la  fiabilidad  o  el  comportamiento,  la  situación  o  los movimientos  del  interesado y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo similar;

2.- Tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales.

El Reglamento General de Protección de Datos no fija el concepto de “tratamiento a gran escala “, por lo que, para determinar si  el tratamiento se realiza a gran escala, hay que tener en consideración:

a.  el número de interesados afectados, bien como cifra concreta o como proporción de la población correspondiente;

b.  el volumen de datos o la variedad de elementos de datos distintos que se procesan;

c.  la duración, o permanencia, de la actividad de tratamiento de datos;

d.  el alcance geográfico de la actividad de tratamiento.

3.-  Observación sistemática a gran escala en espacios públicos, incluidos los datos recogidos a través de cámaras y redes en los que los datos personales pueden ser recogidos en circunstancias en las que los interesados pueden no ser conscientes de quién está recopilando sus datos y cómo se usarán, y en los que en ocasiones puede resultar imposible para los interesados evitar que sus datos personales sean objeto de tratamiento.

Listas de tratamientos que requieren una evaluación de impacto relativa a la protección de datos

El Reglamento General de Protección de Datos establece que las autoridades de control de los estados miembros de la Unión Europea publicarán una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

Igualmente establece que las autoridades de control de los estados podrán establecer y publicar la lista de los tipos de tratamiento que no requieren evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos.

Listas de tratamientos que requieren y que no requieren la realización de evaluación de impacto relativa a la protección de datos publicadas por la Agencia Española de Protección de Datos.

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una lista de tipos de tratamientos de datos que requieren evaluación de impacto relativa a protección de datos en la que ha establecido que será necesario realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos en la mayoría de los casos en los que dicho tratamiento cumpla con dos o más criterios de la lista expuesta a continuación, salvo que el tratamiento se encuentre en la lista de tratamientos que no requieren su realización. La opinión de la Agencia es que cuantos más criterios reúna el tratamiento mayor será el riesgo que entrañe y mayor será la certeza de la necesidad de realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos

Los criterios son:

1. Tratamientos que impliquen perfilado o valoración de sujetos, incluida la recogida de datos del sujeto en múltiples ámbitos de su vida (desempeño en el trabajo, personalidad y comportamiento), que cubran varios aspectos de su personalidad o sobre sobre sus hábitos. 

2. Tratamientos que impliquen la toma de decisiones automatizadas o que contribuyan en gran medida a la toma de tales decisiones, incluyendo cualquier tipo de decisión que impida a un interesado el ejercicio de un derecho o el acceso a un bien o un servicio o formar parte de un contrato. 

3. Tratamientos que impliquen la observación, monitorización, supervisión, geolocalización o control del interesado de forma sistemática y exhaustiva, incluida la recogida de datos y  metadatos a través de redes, aplicaciones o en zonas de acceso público, así como el procesamiento de identificadores únicos que permitan la identificación de usuarios de servicios de la sociedad de la información como pueden ser los servicios web, TV interactiva, aplicaciones móviles, etc. 

4. Tratamientos que impliquen el uso de categorías especiales de datos a las que se refiere el artículo 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos (datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física), datos relativos a condenas o infracciones penales a los que se refiere el artículo 10 del Reglamento General de Protección de Datos  o datos que permitan determinar la situación financiera o de solvencia patrimonial o deducir información sobre las personas relacionada con categorías especiales de datos.  

5. Tratamientos que impliquen el uso de datos biométricos con el propósito de identificar de manera única a una persona física. 

6. Tratamientos que impliquen el uso de datos genéticos para cualquier fin. 

7. Tratamientos que impliquen el uso de datos a gran escala.

8. Tratamientos que impliquen la asociación, combinación o enlace de registros de bases de datos de dos o más tratamientos con finalidades diferentes o por responsables distintos. 

9. Tratamientos de datos de sujetos vulnerables o en riesgo de exclusión social, incluyendo datos de menores de 14 años, mayores con algún grado de discapacidad, discapacitados, personas que acceden a servicios sociales y víctimas de violencia de género, así como sus descendientes y personas que estén bajo su guardia y custodia. 

10. Tratamientos que impliquen la utilización de nuevas tecnologías o un uso innovador de tecnologías consolidadas, incluyendo la utilización de tecnologías a una nueva escala, con un nuevo objetivo o combinadas con otras, de forma que suponga nuevas formas de recogida y utilización de datos con riesgo para los derechos y libertades de las personas. 

11. Tratamientos de datos que impidan a los interesados ejercer sus derechos, utilizar un servicio o ejecutar un contrato, como por ejemplo tratamientos en los que los datos han sido recopilados por un responsable distinto al que los va a tratar y aplica alguna de las excepciones sobre la información que debe proporcionarse a los interesados según el artículo 14.5 del Reglamento General de Protección de Datos.

De igual forma la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado la lista  orientativa  de  tipos  de  tratamientos  que  no  requieren  una evaluación  de  impacto  relativa  a  la  protección  de  datos, que incluye los siguientes:

1.  Tratamientos que se realizan estrictamente bajo las directrices establecidas o autorizadas con anterioridad mediante circulares o decisiones emitidas por las Autoridades de Control, en particular la AEPD, siempre y cuando el tratamiento no se haya modificado desde que fue autorizado.

2.  Tratamientos que se realizan estrictamente bajo las directrices de códigos de conducta aprobados por la Comisión Europea o las Autoridades de Control, en particular la AEPD, siempre y cuando una EIPD completa haya sido realizada para la validación del código de conducta y el tratamiento se implementa incluyendo las medidas y salvaguardas definidas en la EIPD.

3.  Tratamientos que sean necesarios para el cumplimiento de una obligación legal, cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, siempre que en el mismo mandato legal no se obligue a realizar una EIPD, y siempre y cuando ya se haya realizado una EIPD completa.  

4. Tratamientos realizados en el ejercicio de su labor profesional por trabajadores autónomos que ejerzan de forma individual, en particular médicos, profesionales de la salud o abogados, sin perjuicio de que pueda requerirse cuando el tratamiento que lleven a cabo cumpla, de forma significativa, con dos o más criterios establecidos en la lista de tipos de tratamientos de datos que requieren evaluación de impacto relativa a protección de datos publicada por la AEPD.

5.  Tratamientos obligatorios por ley y realizados con relación a la gestión interna del personal de las PYMES con finalidad de contabilidad, gestión de recursos humanos y nóminas, seguridad social y salud laboral, pero nunca relativos a los datos de los clientes.

6.  Tratamientos realizados por comunidades y subcomunidades de propietarios tal como se definen en el artículo 2 (a, b y d) de la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal.

7.  Tratamientos realizados por colegios profesionales y asociaciones sin ánimo de lucro para la gestión de los datos personales de sus propios asociados y donantes, y en el ejercicio de su labor, siempre que no incluyan en el tratamiento de datos sensibles tales como los que se establecen en el artículo 9.1 del Reglamento General de Protección de Datos y no sea de aplicación el artículo 9.2(d) de dicho Reglamento.

LA EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LOS ABOGADOS

Conforme a lo expuesto puede concluirse que los abogados que ejerzan como profesionales por cuenta propia y de forma individual no están obligados a realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos como norma general,  salvo que en los tratamientos que realicen cumplan con dos o más de los criterios indicados en la lista de tratamientos que requieren la realización de la evaluación de impacto publicada por la Agencia Española de Protección de Datos.

En los casos de ejercicio colectivo o bajo formas societarias de cualquier tipo, la necesidad u obligación de realizar la evaluación de impacto ha de determinarse en cada caso analizando la concurrencia de los criterios fijados en la lista de tratamientos que precisan de la realización de evaluación de impacto, sin que se pueda considerarse que la norma general sea la exclusión de la obligación.

Antonio Luis Barrera Ortega. Abogado. Delegado de Protección de Datos

MI PRIMERA EXPERIENCIA EN UN DESPACHO DE ABOGADOS. LA VISION DE UN ESTUDIANTE DE GRADO EN DERECHO

MI PRIMERA EXPERIENCIA EN UN DESPACHO DE ABOGADOS. LA VISION DE UN ESTUDIANTE DE GRADO EN DERECHO

Durante cuatro años en la universidad, un estudiante del Grado de Derecho se dedica a estudiar toda clase de cuestiones que le aporten la mejor formación jurídica posible: contratos, delitos, impuestos, cuestiones procesales, etc.

Sin embargo, en muchas ocasiones los estudiantes vivimos en una especie de burbuja distanciada del mundo real. Poseemos multitud de conocimientos teóricos sobre la práctica jurídica, pero poca experiencia práctica sobre el funcionamiento real del Derecho. Sin duda, para mí, haber realizado mis prácticas en este despacho de abogados ha sido mi manera particular de aterrizar los pies en la tierra.

En los despachos de abogados el flujo de trabajo siempre es continuo, al igual que también lo es el contacto con el Derecho. Se trata de un trabajo muy dinámico y, por tanto, estimulante. Uno nunca sabe qué tipo de cuestiones va a tener que afrontar cada día: quizás deba lidiar con un complejo asunto tributario, quizás deba asesorar a su cliente en relación con un contrato… Precisamente la necesidad de ser capaz de tratar toda clase de asuntos conlleva que uno acaba adquiriendo un verdadero conocimiento del ordenamiento jurídico, con una idea del Derecho muy cercana a la realidad.

Sin duda, es verdaderamente apasionante poder escuchar cuáles son las necesidades o los problemas de un cliente y emplear tus conocimientos para encontrar la manera de ayudarlo o de satisfacer sus intereses. Se trata, en ocasiones, de una labor ardua, pero que te anima a reflexionar con un sentido crítico y a poder plantear, a partir de leyes y jurisprudencia, soluciones a los problemas de forma creativa.

El trabajo del abogado encierra múltiples facetas: asesorar a los nuevos clientes en relación con las dudas legales que tengan; realizar estudios y análisis sobre las leyes y la jurisprudencia para determinar la viabilidad de las pretensiones de sus clientes; llevar a cabo trámites con todo tipo de profesionales (funcionarios, notarios, peritos…) para obtener la información que necesita; acudir a juicio para representar los intereses de los clientes…

Así mismo, hay que recordar que la Administración de Justicia funciona bajo una determinada lógica y según unos determinados tiempos. Por tanto, el abogado necesita tener la capacidad de tener una correcta organización y de poder prestar atención a los diferentes casos, teniendo en cuenta que cada uno se encuentra en un momento procesal diferente y los plazos siempre acucian.

De igual manera, no podemos olvidar que el abogado trata de defender de la mejor forma posible los intereses de sus clientes y ello necesariamente va a implicar que exista en el trabajo un cierto componente humano. Por ello, va a ser muy necesario que el abogado demuestre, desde la profesionalidad y la honestidad, determinadas dotes de “psicólogo”.

En definitiva, se trata de un trabajo que exige profesionalidad y gran dedicación, pero que a su vez te permite afrontar constantemente situaciones diferentes, pudiendo resolverlas tratando de emplear tu creatividad e ingenio utilizando para ello las herramientas legales que tienes a tu mano.

ALEJANDRO NIETO CRUZ