LA ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE LA DESESCALADA DEL ESTADO DE ALARMA

LA ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE LA DESESCALADA DEL ESTADO DE ALARMA

Mediante Orden SND/380/2020, de 30 de abril, se ha regulado las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

¿QUÉ ACTIVIDADES FÍSICAS SE PERMITEN?

Queda permitida la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con terceros.

También quedan permitido los paseos.

¿CUÁNTAS VECES SE PUEDE REALIZAR DICHA ACTIVIDAD FÍSICA?

Se podrán realizar una vez al día (y durante las franjas horarias previstas)

¿CUÁLES SON LAS FRANJAS HORARIAS ESTABLECIDAS PARA REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES?

Personas de 14 años en adelante: Entre las 6:00 horas y las 10 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas.

Personas dependientes de cuidados y mayores de 70 años: Entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas.

Menores de 14 años: Entre las 12:00 horas y las 19:00 horas

En aquellos municipios con una población igual o inferior a 5.000 habitantes se podrá llevar a cabo dichas actividades entre las 6:00 horas y las 23:00 horas, sin que se le apliquen las franjas horarias anteriormente señaladas.

¿PUEDO SALIR ACOMPAÑADO PARA DAR UN PASEO?

Para los paseos está previsto salir con una sola persona (siempre que sea conviviente).

No obstante, aquellas personas que por necesidad tengan que salir acompañadas podrán hacerlo también por una persona empleada de hogar a cargo o persona cuidadora habitual.

Las personas mayores de 70 años podrán salir acompañadas de una persona conviviente de entre 14 y 70 años.

En cuanto a los menores de 14 años, podrán salir grupos formados por un solo adulto y hasta un máximo de 3 niños o niñas.

¿PUEDO SALIR ACOMPAÑADO PARA REALIZAR DEPORTE NO PROFESIONAL?

A diferencia de los paseos, la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto solo se podrá ejercer de forma individual.

Sin embargo, aquellas personas que por necesidad tengan que salir acompañadas podrán hacerlo por una persona conviviente, una persona empleada de hogar a cargo o persona cuidadora habitual.

¿A QUÉ DISTANCIA DE MI RESIDENCIA PUEDO REALIZAR PASEOS?

Los paseos se realizarán con una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio.

¿A QUE DISTANCIA DE MI DOMICILIO PUEDO PRACTICAR DEPORTE NO PROFESIONAL?

A diferencia de los paseos, la limitación de un kilómetro no será aplicable a la práctica no profesional de cualquier deporte individual.

¿PUEDO PRACTICAR DEPORTE NO PROFESIONAL EN OTROS MUNICIPIOS?

No, dicha práctica solo estará autorizada en el domicilio donde se reside.

¿QUIÉNES NO PUEDEN REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA NO PROFESIONAL AL AIRE LIBRE DURANTE EL ESTADO DE ALARMA?

Las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19.

Las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.

Los residentes en centros sociosanitarios de mayores.

¿SOLO PUEDO SALIR DE CASA PARA REALIZAR PASEOS O PRACTICAR DEPORTE NO PROFESIONAL?

No, además de estas actividades, se puede circular por las vías de uso público para realizar las actividades ya permitidas durante la vigencia del Estado de Alarma, lo que significa que, por ejemplo, sería posible salir de casa el mismo día para dar un paseo y para comprar alimentos o productos necesarios.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA EVITAR EL CONTAGIO?

Debe mantenerse una distancia interpersonal con terceros de al menos dos metros.

Evitar espacios concurridos.

La actividad física debe practicarse de forma concurrida, evitando paradas innecesarias. Si es necesario hacer una parada, en atención a las condiciones físicas, ésta se llevara a cabo por el tiempo estrictamente necesario.

¿QUÉ LUGARES ESTÁN PERMITIDOS?

Se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público (incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizas)

¿PUEDO REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS?

No, está prohibido el acceso a las instalaciones deportivas cerradas.

¿ESTÁ PERMITIDO DESPLAZARME EN VEHÍCULO CON EL FIN DE PRACTICAR ACTIVIDAD FÍSICA?

No, está absolutamente prohibido el uso de vehículo motorizado o transporte público para desplazamientos con dicho fin.

¿A PARTIR DE CUÁNDO SE APLICARÁN ESTAS MEDIDAS?

Desde las 00:00 horas del día 2 de mayo de 2020 (manteniendo su eficacia durante todo el estado de alarma y sus respectivas prórrogas).

Puedes consultar el texto completo de la orden en este ENLACE

MARCOS LÓPEZ RACERO para BARRERA ABOGADOS

LA CALIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA IMPRUDENCIA EN LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE TRAFICO.

IMPRUDENCIA GRAVE

Conforme a lo dispuesto en los artículos 142 y 152 del Código Penal, en su redacción dada por la reforma introducida por la Ley Orgánica 2/2019, se considerará imprudencia grave, a los efectos de calificar como delito de homicidio o de lesiones, la conducción de un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente o bajo la influencia de drogas tóxicas , estupefacientes , sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, cuando tales circunstancias provoquen la muerte  o lesiones que sean constitutivas de delito.

IMPRUDENCIA MENOS GRAVE

Se considerará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de esta por el Juez o el Tribunal.

Son infracciones graves de las normas de tráfico y circulación de vehículos de motor, según el artículo 76 de la Ley de Tráfico, las siguientes:

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida , de acuerdo con lo recogido en el anexo IV .

b) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable de la regulación , ordenación y gestión del tráfico , así como no seguir las instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras

c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso , adelantamientos , cambios de dirección o sentido y marcha atrás , sentido de la circulación , utilización de carriles y arcenes y , en general , toda vulneración de las ordenaciones especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación .

d) Parar o estacionar en el carril bus , en curvas , cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones .

e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario .

f) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción .

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil , navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación , así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros .

h) No hacer uso del cinturón de seguridad , sistemas de retención infantil , casco y demás elementos de protección .

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas , o con menores en los asientos delanteros o traseros , cuando no esté permitido .

j) No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico .

k) No respetar la luz roja de un semáforo .

l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso .

ll) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España .

m) Conducción negligente .

n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes , o que obstaculicen la libre circulación .

ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente .

o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente establecidas , salvo que sea calificada como muy grave , así como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos .

p) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación .

q) No facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tenga encomendadas su identidad , ni los datos del vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación , estando implicado en el mismo .

r) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída .

s) Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso .

t) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido .

u) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas , excluida la del conductor .

v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente .

w) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores acreditados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las comunidades autónomas , salvo que puedan calificarse como infracciones muy graves .

x) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido .

y) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los términos legal y reglamentariamente previstos .

IMPUGNACION DE ACUERDOS DE LAS JUNTAS DE PROPIETARIOS. ¿QUIENES ESTÁN LEGITIMADOS?

El artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal dispone que “Estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto. Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios.”

De acuerdo con lo anterior solo estarán legitimados para impugnar los acuerdos de la junta de propietarios quienes estén al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o hayan procedido previamente a la consignación judicial de las mismas y se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos:

1.- Hayan asistido a la junta y votado en contra del acuerdo salvando su voto.
2.- No hayan asistido a la junta por cualquier causa.
3.- Hayan sido indebidamente privados de su derecho de voto.

El primero de los requisitos,  “estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas” supone que solo tienen legitimación para impugnar los acuerdos quienes en el momento de presentar la demanda estén al corriente en los pagos de cuotas o hayan consignado previamente lo adeudado.

El último inciso del punto segundo del artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal introduce una excepción a la norma general que se aplica a aquellos acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios.

Esta excepción no es de aplicación a cualquier acuerdo que tenga trascendencia económica, ni a aquellos en que se establecen las cuotas ordinarias o extraordinarias, sino que solo es aplicable a los acuerdos que alteren el sistema de distribución de los gastos entre los comuneros, bien alterando el porcentaje de participación establecido en la división horizontal, bien alterando el sistema de distribución establecido por acuerdo comunitario.

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la excepción del último inciso del artículo 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal en la Sentencia número 613/2013 de 22 octubre en el siguiente sentido:  «Cuando el art. 18.2 de la Ley de Propiedad Horizontal excepciona de la obligación de estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el art. 9 entre los propietarios, se incluyen en el ámbito de la excepción no solo a los acuerdos que modifiquen la cuota de participación fijada en el título y prevista en el párrafo segundo del art. 5 de la Ley de Propiedad Horizontal sino también los demás acuerdos de la junta que establezcan un sistema de distribución de gastos, bien sea de manera general, bien para algunos gastos en particular, tanto de manera permanente como ocasional. No se incluye en la excepción la impugnación de cualquier acuerdo que afecte al pago que los propietarios deben hacer de su correspondiente participación en los gastos de la comunidad, en tanto no se altere el sistema de distribución de gastos que se venía aplicando por la comunidad, que puede ser el que correspondía al coeficiente o cuota previsto en el título constitutivo ( art. 5.2 de la Ley de Propiedad Horizontal ) o el “especialmente establecido” en un acuerdo anterior de la comunidad que no haya sido anulado o suspendido cautelarmente en su eficacia».

En el fundamento de derecho sexto de la citada sentencia se explica ampliamente como debe entenderse tal doctrina y que no todo acuerdo con contenido económico se puede entender incluido en la excepción del requisito de procedibilidad de estar al corriente del pago de las cuotas:

“Pero no puede aceptarse, como pretenden los recurrentes, que cualquier acuerdo que afecte al pago que los propietarios deben hacer de su correspondiente participación en los gastos de la comunidad, cualquier acuerdo del que resulte la «cantidad de dinero concreta que deba pagar el sujeto para atender los gastos comunitarios», en palabras del recurso, haya de incluirse en esta excepción. Los acuerdos que liquidan la deuda de un propietario con la comunidad, los que aprueban el presupuesto del ejercicio o lo liquidan y fijan de este modo el importe de lo que cada propietario debe pagar, los que establecen derramas extraordinarias para atender determinadas contingencias, etc., no pueden considerarse incluidos en la excepción referida en tanto no se altere el sistema de distribución de gastos que se venía aplicando por la comunidad, que puede ser el que correspondía al coeficiente o cuota previsto en el título constitutivo ( art. 5.2 de la Ley de Propiedad Horizontal ) o el “especialmente establecido” en un acuerdo anterior de la comunidad que no haya sido anulado o al menos suspendido cautelarmente en su eficacia”

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 671/2011, de 14 de octubre, recurso núm. 635/2008 , declaró que la segunda parte del art. 18.2 “introduce una regla de procedibilidad y una excepción,” lo que supone que ante el incumplimiento de dicho requisito no puede tenerse por legitimados a los impugnantes y no puede entrarse en el fondo del asunto.

Los comuneros que estén al corriente de los pagos o consignado previamente, estarán legitimados para impugnar los acuerdos, cuando hayan asistido a la junta y votado en contra del acuerdo salvando su voto, cuando no hayan asistido a la junta por cualquier causa o cuando hayan sido indebidamente privados de su derecho de voto.

Por salvar el voto ha de entenderse manifestarse en contra del acuerdo mediante el voto en contra del acuerdo, lo que debe constar en el acta de la junta de propietarios.

Antonio Barrera

ACCIDENTES EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y GIMNASIOS

exercise weights – iron dumbbell with extra plates.

Se acerca la Navidad y con ella los excesos. Esta  época despierta en nosotros una capacidad sobrehumana para beber y comer, lo cual provoca que justo al acabar el roscón de Reyes  acudamos en masa a los gimnasios para deshacernos de esos kilitos que hemos “acogido” durante las fiestas. Por circunstancias de este tipo o por otras, casi todo el mundo ha estado apuntado a un gimnasio en algún momento de su  vida, ya sea en serio o de forma simbólica, es decir, únicamente pagando la cuota. Hay quienes se lo toman tranquilamente, “corriendo” un rato en la cinta y hay quienes optan por amortizar la cuota mensual, haciendo uso de todas las máquinas disponibles. De una forma u otra, debemos tener en cuenta que la mayoría de actividades que pueden llevarse a cabo en un gimnasio tienen su complejidad, ya sea por el esfuerzo requerido o por los materiales que deben utilizarse, y que por ello pueden producirse accidentes.

El gimnasio debe contar con unas instalaciones que se encuentren en las condiciones adecuadas. Debemos  tener en cuenta que las instalaciones del gimnasio se extienden desde la entrada hasta los vestuarios  y que en cualquier lugar puede producirse un accidente. Una lámpara que se descuelga; un charco en mitad de una sala; una máquina que no funciona correctamente; un monitor que no toma las debidas precauciones. En estos casos entra en juego el seguro de responsabilidad civil del gimnasio que de forma obligatoria debe tener suscrito. Sin embargo debemos tener en cuenta que no cualquier incidente que tengamos en el gimnasio es responsabilidad de este, ya que en muchos casos es la imprudencia del usuario o la simple mala suerte la que ha provocado el accidente.

En este tipo de situaciones acudimos al artículo 1902 del Código Civil que regula la responsabilidad extracontractual, que indica lo siguiente: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Para la aplicación de dicho artículo es necesario que se den tres requisitos:  que haya una acción u omisión culpable que pueda imputarse al gimnasio; que haya daños y que haya un nexo causal entre ambos. Es el primer requisito el más difícil de probar, ya que como hemos dicho anteriormente, no cualquier percance es responsabilidad del gimnasio. Pongamos el caso de una persona que sin saber utilizar una máquina y sin pedir instrucciones a los monitores, sufre una lesión ¿Es responsable el gimnasio o el monitor? En casos de este tipo no podemos atribuir la culpa al gimnasio pues ha sido la propia imprudencia del usuario la que ha provocado su lesión. Es por ello, que tras cualquier accidente, debemos pararnos a analizar sus causas, el cómo y el por qué se ha producido, y no achacar al gimnasio la responsabilidad de cualquier percance que tengamos,

No debemos seguir a rajatabla los malos consejos de muchos amigos, familiares e incluso abogados, pues no cualquier incidente en un gimnasio produce automáticamente el “derecho a una indemnización” y en muchos casos, por atender a esos malos consejos nos vemos inmersos en un procedimiento judicial abocado al fracaso.

ALBERTO MORENO PARTIDA

 

EL TRATAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ALUMNOS POR CENTROS EDUCATIVOS

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Las imágenes de los alumnos son datos de carácter personal cuyo tratamiento está sometido a la normativa de protección de datos personales.

La normativa de protección de datos de carácter personal solo permite el tratamiento de datos personales cuando dicho tratamiento sea legítimo.

El Reglamento General de Protección de Datos establece que el tratamiento será lícito, entre otros supuestos,  cuando el interesado de su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos y cuando el   tratamiento  sea  necesario  para  la  ejecución  de  un  contrato  en  el  que  el  interesado  es  parte.

En el ámbito educativo y en relación con las imágenes de los alumnos hay que distinguir dos tipos de tratamientos en función de si el tratamiento es necesario para el desarrollo de la actividad educativa.

Cuando la toma y tratamiento de imágenes se realiza por el centro con fines educativos, como la ficha personal, el expediente académico del alumno, trabajos escolares o evaluaciones, el centro está legitimado para el tratamiento sin necesidad de recabar el consentimiento de los alumnos o de sus padres o representantes legales.

Cuando la toma y tratamiento de las imágenes no se realiza por el centro como parte de dicha función educativa, como son los casos de la grabación de imágenes en clase, acontecimientos o actividades con el objetivo de difusión en revistas, prospectos o en la web o páginas de redes sociales del centro, será necesario el consentimiento de los interesados.

El consentimiento debe ser prestado por el alumno si es mayor de edad, y por sus padres o representantes legales en caso de que sean menores de edad.

El consentimiento debe ser prestado por ambos progenitores, y en el caso de los mayores de trece años, debe solicitarse su consentimiento junto con el de sus progenitores o representantes legales.

El consentimiento ha de prestarse tras haber sido informados los interesados, de forma  concisa,  transparente,  inteligible  y  de  fácil  acceso,  con  un  lenguaje  claro  y  sencillo de:  la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante, los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso,   los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento,  los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso y de los derechos,  el  plazo  durante  el  cual  se  conservarán  los  datos  personales  o,  cuando  no  sea  posible,  los  criterios  utilizados  para determinar este plazo, el derecho a revocar el consentimiento prestado y de los derechos que le otorga la legislación de protección de datos.

La captación y tratamiento de imágenes con el fin del desarrollo de la actividad educativa, como se ha dicho antes, no requiere del consentimiento del interesado o de su representante legal, pero cualquier comunicación o difusión de las mismas requiere consentimiento de los afectados, por lo que es recomendable que, si se pretende la comunicación por cualquier medio, se recabe previamente el consentimiento de los interesados o sus representantes legales, o que, en su caso, tales grabaciones sean accesible solo a los profesores, los alumnos o sus representantes legales.

El consentimiento ha de recabarse de forma expresa y es necesario poder acreditar que dicho consentimiento ha sido prestado, por lo que se hace necesario documentar la prestación del consentimiento.

Una vez prestado el consentimiento, éste será válido con carácter indefinido, aunque deberá recabarse de nuevo cuando el alumno alcance la edad de trece años y  la mayoría de edad.

Habitualmente se plantean situaciones en los que pueden surgir dudas sobre la aplicación de la normativa sobre protección de datos y sobre la necesidad de recabar el consentimiento para el tratamiento de las imágenes de los alumnos, como son aquellas actividades y eventos, tales como las celebraciones de Navidad o fin de curso, o actividades lúdicas o deportivas, en las que los alumnos participan y que están abiertos a las familias.

En estos casos hay que distinguir diferentes supuestos.

Si la grabación y el tratamiento de las imágenes son realizadas por el propio centro, será de aplicación la normativa de protección de datos y será necesario que previamente se solicite y obtenga el consentimiento de todos los alumnos intervinientes, o de sus representantes legales, para grabar y difundir las imágenes.   En este caso, además, es conveniente que las imágenes no se difundan de forma que sean accesibles al público en general, sino que sean accesibles sólo a los propios alumnos y sus familias, con la advertencia a éstos de que no está permitido la reproducción y difusión pública de las imágenes.

Si la grabación de las imágenes se lleva a cabo por las familias de los alumnos para uso privado y familiar, tal tratamiento está excluido de la aplicación de la legislación de protección de datos y no es necesario el consentimiento de los intervinientes, si bien es conveniente advertir que las imágenes captadas no deben ser objeto de difusión pública, pues en este caso sería necesario el consentimiento de los alumnos o de sus representantes legales.

Si la grabación de las imágenes la realiza un tercero, como por ejemplo una empresa que preste servicios de actividades culturales o extraescolares, hay que distinguir dos supuestos: si la grabación se realiza por encargo del centro educativo será éste quien tenga que recabar el consentimiento; pero si es el tercero es que realiza la grabación y tratamiento de las imágenes con fines propios, será este tercero quien deba obtener el consentimiento para el tratamiento de los alumnos o sus representantes legales.

Puede descargar el texto de esta entrada en el siguiente enlace: EL TRATAMIENTO DE IMAGENES DE LOS ALUMNOS POR CENTROS EDUCATIVOS.pdf

 

EL TRIBUNAL SUPREMO SE PRONUNCIA SOBRE A QUIEN CORRESPONDE PAGAR LOS IMPUESTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LAS HIPOTECAS.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en dos recursos de casación en las que se pronuncia sobre el polémico tema de los impuestos que se devengan por la constitución de préstamos garantizados con hipotecas.

El Tribunal Supremo considera que el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que se devenga por la constitución de la hipoteca en garantía del préstamo ha de ser soportado por el prestatario, por el consumidor.  De esta manera la Sala Primera del Tribunal sigue la doctrina ya sentada anteriormente por la Sala Tercera, la de lo Contencioso Administrativo, que se remite a lo expresamente previsto en la ley reguladora del impuesto.

En las sentencias se sienta también la doctrina de que el impuesto sobre actos jurídicos documentados por los documentos notariales de la matriz de la escritura se pagará por mitades entre prestamista y prestatario, y el de las copias por quien solicite su expedición.

El impuesto supone un porcentaje muy importante de los gastos de la constitución de los préstamos hipotecarios, pudiendo suponer hasta un ochenta por ciento del total.

El Tribunal Supremo ha anunciado el contenido del fallo y que se publicarán las sentencias completas en los próximos días.

INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE PACTADAS EN CONVENIO COLECTIVO. DETERMINACION DEL HECHO CAUSANTE EN LAS INCAPACIDADES DERIVADAS DE ENFERMEDAD COMUN, EFECTOS EN CUANTO A LA COBERTURA DE LOS CONTRATOS DE SEGURO.

Las indemnizaciones pactadas en los convenios colectivos a favor de los trabajadores a los que se les reconozca una incapacidad permanente tienen la consideración de mejoras voluntarias de las prestaciones de la Seguridad Social.

La casi totalidad de los convenios colectivos que fijan a favor de los trabajadores tales indemnizaciones obligan a las empresas a contratar pólizas de seguros que cubran la contingencia de que se produzca el reconocimiento de la incapacidad permanente, fijando en todos los casos los capitales que han de asegurarse.

Pocos convenios colectivos fijan el momento que ha de tomarse en consideración a los efectos de fijar el hecho causante que justifica el devengo de la indemnización.

La doctrina emanada de los tribunales del orden jurisdiccional laboral establece que, a falta de pacto expreso en convenio colectivo, como norma general, en los casos de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, la determinación de la fecha del hecho causante a efectos de fijar las responsabilidades procedentes,  es acudir a la norma sobre prestaciones obligatorias de la Seguridad Social, que la fija en la fecha del dictamen del Equipo de Valoración de Incapacidades, salvo cuando las secuelas aparezcan consolidadas con carácter invalidante en una fecha anterior, en cuyo caso la fecha del hecho causante debe retrotraerse a ese momento anterior en que las secuelas se revelan como permanentes e irreversibles.

Como consecuencia de ello, en determinadas ocasiones es posible fijar el hecho causante en la fecha de inicio de la incapacidad temporal, si en dicho momento se evidencia sin ningún género de dudas que el trabajador se va a ver afectado por una Incapacidad Permanente, pero cuando en el momento del inicio de la incapacidad temporal la evolución de la enfermedad es incierta no puede fijarse el hecho causante hasta el momento en el que la recuperación no es posible o las lesiones incapacitantes son definitivas e incurables.

La fijación de la fecha del hecho causante tiene especial trascendencia para la determinación de la cobertura del seguro, contratado por la empresa para cubrir la contingencia de incapacidad permanente pactada en el convenio colectivo, en los casos en los que la vigencia temporal del contrato de seguro no abarca todo el periodo comprendido entre el momento anterior al inicio de la incapacidad temporal y la fecha del dictamen del equipo de valoración de incapacidades, bien porque es concertado o bien porque se extingue la cobertura en dicho periodo.

Esto supone que es necesario determinar y probar en cada caso el momento en el que las lesiones o padecimientos que sufre el trabajador son irreversibles e invalidantes para conocer la compañía aseguradora que ha de hacerse cargo del pago de la indemnización.

La prueba idónea para acreditar el momento en que las lesiones son irreversibles e invalidantes es la prueba pericial médica, que aporte al tribunal la certeza sobre el momento en que se produce el hecho causante.

Antonio Barrera para BARRERA ABOGADOS

ULTIMAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE CLAUSULAS ABUSIVAS: IRPH Y SUBROGACION EN PRESTAMOS AL PROMOTOR.

En los últimos días el Tribunal Supremo ha resuelto sobre dos cuestiones que habían generado mucha expectación.

La primera de ellas es lo referente al tipo de referencia IRPH, del que el Tribunal Supremo ha dicho que la  mera  referenciación  a  un tipo oficial como es el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad.  La sentencia aún no se ha publicado, por lo que no podemos valorar aún la trascendencia que tendrá.  Es de suponer que el Tribunal Supremo seguirá la doctrina emanada de la Sala y determinará la validez de la cláusula en función de la trasparencia de la información facilitada al consumidor en el proceso de contratación.

El Tribunal Supremo ha resuelto también sobre los casos en los que el consumidor se subroga en el préstamo con garantía hipotecaria que fue concedido por el banco al promotor de la vivienda.   En estos casos el tribunal considera que el banco también está obligado a facilitar al consumidor la información, suficiente y trasparente, que le permita conocer las condiciones del préstamo de forma que pueda contratar con pleno conocimiento de las obligaciones económicas y de otro tipo que contrae.

EL GOBIERNO FACILITA EL TRASLADO DE LOS DOMICILIOS DE LAS SOCIEDADES DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

El BOE de hoy 7 de octubre de 2017, publica el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, que entra en vigor hoy mismo.

La norma pretende facilitar el traslado de las sedes sociales de las sociedades dentro del Estado español, permitiendo que en la mayoría de los casos sea suficiente un acuerdo del órgano de administración para el cambio de domicilio.

El texto de la disposición es el siguiente:
Artículo único.  Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

El artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, queda redactado como sigue:

«2.  Por  excepción  a  lo  establecido  en  el  apartado  anterior  el  órgano  de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición  contraria  de  los  estatutos  solo  cuando  los  mismos  establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.»

Disposición transitoria única.  Régimen de los estatutos aprobados antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley.

A los efectos previstos en el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades  de Capital, en la redacción dada por este real decreto-ley, se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

JUICIOS A CINCUENTA EUROS

No sé si se trata de una moda pasajera o que los caminos marchan por esta línea, pero desde hace algún tiempo se ven cada vez más en las salas de vistas de los Juzgados abogados que, en juicios y audiencias previas, se limitan a leer o seguir una nota que han recibido de otros compañeros y que, en la mayoría de los casos, no saben siquiera cual es el objeto del pleito.

Hace unos días intervine en una vista de oposición a una ejecución hipotecaria en la que habíamos alegado la nulidad de varias cláusulas del préstamo hipotecario que se ejecutaba.  Una compañera, una abogada, intervenía en defensa de los intereses de una importante entidad bancaria y cuando la magistrada que presidía el acto le dio la palabra para defender la postura del banco, empezó a leer una nota que llevaba impresa.

Al poco de empezar a leer, la magistrada me miró y yo miré a la magistrada, pues lo que la abogada del banco estaba leyendo no tenía nada que ver con el objeto del litigio.  Entonces la magistrada le pidió a la abogada que se ciñera a lo que era objeto de la discusión, a lo que la abogada no supo qué contestar, salvo que tenía instrucciones de leer la nota en sala.  La magistrada le advirtió de que le retiraría el uso de la palabra en caso de que no se ciñera al objeto del pleito, lo que hizo pasados solo dos o tres minutos, porque el alegato de la abogada, sinceramente, no tenía nada que ver con el pleito.

Algo muy parecido presencié hace también unos días en una audiencia previa de un juicio en el que se trataba sobre una reclamación de una indemnización por las lesiones sufridas por una persona en un accidente de tráfico, en la que, cuando el magistrado pidió al letrado que intervenía en nombre de una importante compañía aseguradora que concretara los hechos controvertidos del litigio, éste se limitó a decir que la eran controvertidos todos los hechos.  Tal respuesta, que era del todo inadecuada, estaba justificada en el hecho de que el abogado que intervenía en la vista no sabía siquiera de qué iba el pleito, pues, como la del caso anterior, había recibido, en este caso, una nota de proposición de prueba, y no tenía ni idea de cuál era el objeto de la disputa.

Esto se debe a que importantes entidades bancarias y aseguradoras, y también empresas prestadoras de servicios jurídicos en masa, han contratado a despachos de abogados para atender los asuntos judiciales de toda España, de comunidades autónomas enteras o de varias provincias.

La gran mayoría de estos despachos de abogados no tienen sede ni infraestructura en todas las provincias, y lo que hacen es subcontratar a abogados para celebrar las vistas, a los que, en la mayoría de los casos, envían una nota (hay quien les llama Instructa, quizás para darse de erudito) que se limitan a leer en el acto judicial sin saber siquiera el objeto del pleito, a cambio de una remuneración que va desde los cincuenta a los noventa euros por vista.

No entiendo la justificación de este tipo de actuaciones por parte de estas empresas, porque si en las vistas que he relatado hubieran intervenidos los abogados que defendían los intereses de ambas empresas habitualmente, a los que conozco y reconozco como muy buenos abogados, a las dos les hubiera ido mucho mejor.

No entiendo qué ventaja puede tener sustituir a abogados de amplia experiencia y relación con el cliente por otros, que, con todos mis respetos, se prestan a este tipo de actuaciones y sustituciones sin preocuparse del pleito o del cliente, porque, claro, no son suyos, y perdiendo en algunos casos, como los relatados, la dignidad y la consideración profesional, a cambio de una escasísima remuneración.
Alguien me ha justificado este tipo de actuaciones en mejoras operativas o en rebajas de costes, pero ni una ni otras las veo.

Por eso espero que esto sea una moda pasajera y no el rumbo que toma esta profesión, porque seguir este camino no beneficia a nadie, ni a los abogados, ni a los clientes.